La presentación este viernes de la versión desglosada del registro de personas desaparecidas en México ha generado, como era previsible, incluso para el Gobierno, una gran polémica, anclada a la desconfianza de parte de la ciudadanía en los datos presentados. El Ejecutivo ha dicho que, de las cerca de 130.000 personas desaparecidas en los últimos 20 años que figuran en la base de datos, hay que agarrar con pinzas dos terceras partes, algo más de 80.000, por errores y carencias en los registros o por contradicciones entre los reportes de desaparición y la actividad burocrática de los presuntos desaparecidos. Parte de esas carencias nacen del mal actuar de las fiscalías estos años.
El nuevo registro de desaparecidos evidencia la negligencia de las fiscalías a la hora de investigar
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