Antes de la última semana de noviembre, la familia de Marcos estaba entusiasmada con el viaje que iban a realizar a Costa Rica. “Ya casi teníamos las maletas listas para ir a pasar la Navidad allá, con él… Ya teníamos los pasajes del bus para salir desde Managua”, dice uno de los integrantes del nutrido clan. Pero los planes se vinieron abajo, de súbito, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó al Parlamento sandinista aprobar una reforma a la ley de Migración y Extranjería que legalizó una práctica que llevaban ejecutando de facto desde 2021 por razones políticas: las negativas de entrada o salida de ciudadanos y residentes extranjeros a Nicaragua, ahora acompañadas de penas de cárceles y multas en dólares.