Marzo 2026 — Por la ONG Resistencia Venezolana
La ONG Resistencia Venezolana, organización civil internacional dedicada a denunciar y documentar redes de corrupción, crimen organizado y complicidad institucional del régimen venezolano desde el exilio, ha divulgado una investigación exhaustiva que expone cómo Lisamar de Jesús Zammar de Montes construyó un imperio criminal transnacional que opera desde la selva del Amazonas venezolano hasta Miami, Florida. 
La investigación, que combina testimonios directos, registros públicos, audios, flujos financieros y evidencia documental verificada, revela una red operativa que ha contado con protección estatal, respaldo político y conexiones internacionales que facilitan el tráfico de sustancias ilícitas, contrabando multimillonario y lavado de dinero en múltiples jurisdicciones.
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I. Orígenes en Amazonas: minería, coltán y cocaína
Desde 2010 hasta 2018, Lisamar se estableció en Puerto Ayacucho (Amazonas), donde la presencia estatal es mínima y el control territorial lo ejercen grupos irregulares como el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Allí, sus actividades principales habrían abarcado:
• Contrabando de oro extraído ilegalmente de minas controladas por milicias y grupos armados.
• Contrabando de coltán, mineral estratégico con alto valor en mercados internacionales.
• Tráfico de cocaína, utilizando conexiones personales con un jefe guerrillero para asegurar rutas y protección.
La investigación documenta que Lisamar llegó incluso a robar 1,000 kilos de cocaína al jefe del ELN con quien mantenía relación, un acto que la obligó a huir hacia Valencia, centralizando así sus operaciones lejos de la selva.
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II. La pieza institucional: Feliz Enrique Montes Hurtado
La red no habría funcionado sin complicidad dentro del propio Estado venezolano. La pareja de Lisamar, Feliz Enrique Montes Hurtado, fue designada en puestos estratégicos dentro del sistema aduanero —primero en Puerto Ayacucho y posteriormente como Gerente General de la Aduana de La Piedrita (Paraguaná)— lo que le permitió facilitar el paso de contrabando, manipular registros y garantizar el tránsito de mercancías y drogas sin control efectivo.
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III. Paraguaná: centro del contrabando institucionalizado
La península de Paraguaná funciona como un nodo neurálgico para el llamado Cartel de Paraguaná, una estructura criminal con profundo arraigo en el tráfico de cocaína y contrabando de bienes. La protección estatal a estas actividades incluye alianzas con mandos militares y políticos locales, consolidando a Paraguaná como plataforma de salida hacia rutas internacionales.
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IV. Expansión en Valencia: contrabando, extorsión y cocaína
Desde Valencia, Lisamar habría escalado sus operaciones logrando:
• El contrabando masivo de mercancías de todo tipo (alimentos, electrodomésticos, medicinas y repuestos).
• La distribución mayorista de cocaína hacia diversas regiones del país y hacia rutas internacionales.
• Extorsión sistemática a comerciantes mediante sobornos y requisitos de pago para evitar decomisos o inspecciones.
Testimonios también detallan que Lisamar se movía con escolta permanente del SEBIN, lo que indica que su protección no era casual sino institucional, proporcionada por organismos del Estado.
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V. Socios y estructuras de lavado de dinero
Liang Dong Jian
Su principal socio, identificado como ciudadano de origen asiático, habría operado una fachada de venta de motocicletas que cubría las operaciones logísticas de contrabando y servía para introducir dinero ilícito en circuitos financieros regulares, contando, además, con vínculos a círculos cercanos a los hijos de Cilia Flores, figura política sancionada internacionalmente.
Auto Flash Repuestos (Valencia)
Este negocio de repuestos se habría convertido en un vehículo para lavar dinero procedente de contrabando y narcotráfico, utilizando facturación falsa, proveedores ficticios y transacciones ficticias que encubrían flujos ilícitos.
LOGISTICA Z.M. 2021, LLC (Miami)
La investigación verificó que Lisamar registró esta empresa en Florida en 2021, supuestamente para gestionar logística, pero que en la práctica habría sido utilizada como estructura de lavado de dinero transnacional, recibiendo transferencias desde Venezuela y conectando la red con sistemas financieros estadounidenses.
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VI. Red de protección estatal
La investigación de Resistencia Venezolana ONG concluye que Lisamar no opera de forma aislada, sino como parte de una red de protecciones institucionales que incluye complicidad de organismos estatales, altos funcionarios, y figuras políticas de relevancia, lo que ha permitido que estas operaciones criminales se mantengan activas a pesar del control legal y sancionatorio existente a nivel internacional.
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VII. Conclusiones y repercusiones
Según la ONG:
• La operación liderada por Lisamar constituye un esquema transnacional de contrabando, tráfico de drogas y lavado de dinero.
• Contratos y estructuras comerciales locales e internacionales han servido de fachada para movimientos financieros ilícitos.
• La protección institucional del régimen venezolano ha permitido la impunidad de estos delitos.
La ONG Resistencia Venezolana ha preparado toda la evidencia para presentarla ante agencias federales, organismos internacionales y jurisdicciones competentes, con el fin de promover investigaciones formales y medidas sancionatorias.
